En los últimos meses nos hemos acostumbrado a que nuestros políticos nos digan que la recapitalización de la banca con dinero público es inevitable debido a que una quiebra de solo una de las entidades podría hacer caer todo el sistema financiero. Pero, ¿es esto cierto? ¿De verdad no existen alternativas?
Los bancos no son empresas normales. Mientras la mayor parte de empresas han de operar con un fondo de maniobra positivo para garantizar su supervivencia, los bancos mantienen en una situación de iliquidez permanente. En esta situación, los activos más líquidos no son suficientes para acometer sus compromisos de pagos a más corto plazo (su exigible a corto plazo), por lo que cualquier empresa que se encontrara en esta situación entraría enseguida en suspensión de pagos. Pero los bancos no. ¿Y por qué no? Porque existe un prestamista de última instancia (¿te suena el Banco Central?) que suministra liquidez prácticamente ilimitada cuando una entidad bancaria lo requiere. El hecho de financiar el negocio hipotecario (activos a largo plazo) con refinanciación continua que les proporcionan los depósitos y los Bancos Centrales hacen que cualquier contingencia no prevista les exponga a un riesgo de quiebra que podría haberse evitado.
Y esto es precisamente lo que lleva ocurriendo desde 2008; el banco entra en riesgo de quiebra cuando la liquidación de sus activos se lleva a cabo con un descuento tan sustancial que no puede ser cubierto por sus fondos propios. Y aquí vienen todos los problemas. Durante la época de la burbuja todas las inversiones parecen rentables y parece que el crédito no se va a terminar nunca. El hecho de que, además, el valor de los activos en balance (las hipotecas) creciera casi cada vez que se formalizaba un nuevo préstamo hacía que el fantasma de la quiebra desapareciera de un plumazo. No había ningún tipo de riesgo ya que la liquidación de estos activos siempre tendría un valor superior a los fondos propios, y así constaba (y de hecho, consta) en sus balances.
Pero llega la crisis, y cada vez son más los préstamos sin pagar. Los bancos se ven obligados a provisionar una cantidad cada vez más grande de pérdidas que no pueden ser absorbidas por los fondos propios. Por esta razón, los bancos se han visto obligados a recapitalizarse, es decir, a aumentar sus fondos propios con el objetivo de disponer de mayor capacidad para hacer frente a futuros impagos crediticios. Y es aquí donde entra el estado. El gran riesgo de insolvencia bancaria y la urgencia del Gobierno por sanear cuanto antes el sistema con el objetivo de hacer fluir de nuevo el crédito y ajustando el precio de los activos inmobiliarios a la realidad cuanto antes hace que se inyecte dinero público en las entidades, sin recurrir a otros mecanismos que no nos hubiesen costado ni un solo euro: el bail-in o rescate privado, consistente en capitalizar (convertir en capital social, es decir, fondos propios) deuda privada de la entidad y también la liquidación ordenada de la entidad.
El bail-in consiste en la conversión de los acreedores de la entidad en accionistas de la misma hasta conseguir un nivel razonable de solvencia. De esta manera, el banco quedaría automáticamente capitalizado (aumentarían los fondos propios) y, por otro lado, se reduciría el apalancamiento (se reduce la deuda), reduciendo de esta manera el riesgo de insolvencia. Los contribuyentes no tendrían que pagar con dinero público las malas praxis bancarias y los depositantes no tendrían que preocuparse porque su banco vuelve a ser solvente. Además, el estado no tendría porque esperar a la inyección de dinero por parte de inversores privados, ya que lo único que habría que hacer sería un apunte contable en los libros de la entidad.
La segunda alternativa es la liquidación ordenada de la entidad. Os recomiendo el vídeo que acompaña este enlace. Francisco Viyuela habla de la liquidación ordenada de entidades bancarias no viables, algo mucho más barato que la inyección de dinero público. Y es que, en cualquier empresa, incluídos los bancos existen inversores que han asumido ciertos riesgos para conseguir una rentabilidad alta mediante diferentes fórmulas de inversión o financiación. Cuando se produce una liquidación de cualquier entidad, hay un orden de prelación, es decir, el orden en el que se asumen las pérdidas en función del riesgo asumido. En estos casos, los que asumen más riesgo son los accionistas y por ello los que tendrían que asumir las pérdidas en primer lugar. Después estarían los bonos subordinados, los bonos no garantizados y en cuarto lugar los depósitos bancarios. Pero no haría falta llegar hasta los depósitos para que el banco asuma las pérdidas ya que los tres primeros inversores pueden cubrir pérdidas por valor de 700.000 millones de euros, 7 veces más que los 100.000 millones de euros del rescate bancario que se ha solicitado a Europa. Por tanto, en caso de producirse una liquidación ordenada, sería suficiente con que los accionistas asumiesen pérdidas.
En definitiva, no es que no exista alternativas al rescate bancario, si no que había más de una. Como bien decía un técnico del Banco de España en privado: "que las cajas insolventes se la queden los inversores alemanes", sus acreedores. No le faltaba razón.
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