El pasado Sábado 22 se celebraron en Madrid las marchas por la dignidad, en la que cientos de miles de personas venidas de todas partes de España se reunían en Madrid para manifestarse y pedir al Gobierno pan, trabajo y techo. Unas exigencias totalmente razonables y a las que se sumaron miles de manifestantes más que acabaron colapsando el centro de la capital de España y que terminaron con los
graves incidentes entre polícia y un grupo violento de manifestantes, convirtiendo un ambiente festivo en toda una batalla campal.
Uno de los lemas más llamativos de esta marcha era claro:
no podremos salir adelante mientras tengamos la herencia de la deuda pública; por lo tanto, ¿por qué no la dejamos de pagar? Una propuesta que fue aplaudida y defendida por todos los manifestantes e incluso fue incluida dentro de uno de los manifiestos de las marchas. Sin embargo, si bien no seré yo quien defienda la acumulación de deuda pública, se trata de una petición tan inútil como absurda que no hará sino agravar aún más si cabe los problemas financieros de los españoles. ¿Qué ocurriría si se impaga la deuda pública?
En primer lugar, cabría preguntarse qué ocurriría en caso de impago de deuda pública desde un punto de vista jurídico. La deuda pública, como cualquier otro pasivo, constituye un contrato que vincula a dos partes, acreedor y deudor, en virtud del cual una de las partes, el deudor, se obliga a satisfacer el capital prestado junto con los intereses pactados en contrato. Incumplir este contrato de manera unilateral llevaría a España a un escenario de inseguridad jurídica que espantaría a futuros inversores. ¿Para qué iban a traer sus capitales a España con tales antecedentes? Pero, sobre todo, ¿cómo financiaríamos el elevado déficit que arrastra España desde que comenzara la crisis? Eso lo analizamos desde el punto de vista económico.
Imposibilidad para financiar el déficit fiscal
Según las cifras proporcionadas por el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, España
habría terminado 2013 con un superávit primario de 1,1% de no ser por la deuda pública. Dicho de otro modo, si no tuviésemos que pagar los intereses de la deuda ni teniendo en cuenta el efecto de la crisis, los ingresos superarían a los gastos en ese porcentaje. Sin embargo,
la emisión de nueva deuda pública ha sido imprescindible para financiar el elevado déficit fiscal español debido a la imposibilidad de obtener recursos económicos por medio de los impuestos u otros ingresos. De no haberse emitido esta deuda, habría sido imposible financiar la sanidad, la educación y, en general, todos los servicios sociales.
En la actualidad, España tiene un déficit fiscal del 6,62%, o un desfase entre gastos e ingresos de, aproximadamente, 66.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que los intereses de la deuda se situarán en
cerca de 36.590 millones de euros, el desfase total si se impagara la deuda y, por tanto, se dejaran de pagar los intereses de la misma, ascendería a cerca de 30.000 millones de euros, unos 82 millones de euros diarios a lo largo de todo el año. La pregunta es, ¿cómo financiamos este déficit?
La respuesta es sencilla:
de ninguna forma. Una
quita unilateral de la deuda por parte de España llevaría aparejada un recorte brutal de gasto de un día para otro de forma inexorable, debido a la incapacidad del país para emitir nueva deuda pública en los mercados financieros. 30.000 millones de euros es mucho dinero. Es la cuantía de las prestaciones por desempleo, un 25% de lo que nos gastamos en pensiones, el 62% de lo que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas, etc. ¿De dónde recortamos? ¿Aún más Sanidad y Educación? ¿Más servicios sociales? El resto de partidas del gasto en los PGE no dan para ahorrarnos todo ese dineral.
La única vía relativamente
viable de conseguir este objetivo sin renunciar al gasto público es que España abandone el euro, recupere su soberanía monetaria y devalúe la moneda,
mediante la monetización de la deuda pública por parte del Banco Central. Sin embargo, este tipo de episodios han terminado en inflaciones galopantes que han causado aún mayor sufrimiento a los habitantes del país, como la vivida en la
República de Weimar entre 1921 y 1923 o la más reciente
hiperinflación de Zimbaue.
Los bancos y las Administraciones Públicas quebrarían
Por si esto fuera poco, el impago de la deuda desataría una serie de consecuencias asimismo indeseables desde el punto de vista de los propios acreedores. Es obvio que si se impaga la deuda pública dejaríamos de pagar el dinero que nos han prestado, por lo que los más perjudicados serán los acreedores, que perderían toda su inversión. Esto no parece preocupar mucho a aquellos que apoyan la auditoría de la deuda, quizá por desconocimiento de quienes son los tenedores de esta deuda pública. Quizá muchos se sorprenderían al ver que la mayor parte de la deuda pública está en manos de residentes españoles, casi el 60%, tal y como muestra el siguiente gráfico.
Pero no se vayan, aún hay más sorpresas. Si pensábamos que la mayoría de deuda pública estaba en manos de inversores institucionales (en general, fondos de inversión y fondos de pensiones), estábamos muy equivocados. A partir de la primera parte de la crisis, buena parte de los inversores institucionales residentes
comenzaron a deshacer sus posiciones en deuda pública española. En cambio, dos actores inesperados comenzaron a adquirir buena parte de esta deuda para que el titular de Expansión fuese siempre el mismo:
la subasta del Tesoro ha sido un éxito total, además de actuar como amortiguador de la
prima de riesgo española.
Por un lado, las entidades de crédito comenzaron a acaparar gran parte de la deuda pública española, por dos motivos: por un lado, porque el BCE lo considera como activos de máxima calidad para la financiación de las entidades de crédito (es decir, sirven como colateral para el descuento de nuevos préstamos) y, por otro, por la elevada rentabilidad y seguridad del llamado carry trade: financiarse al 0,5% del BCE y obtener una rentabilidad del 5% en bonos del estado.
Por otro lado, las Administraciones Públicas y, en especial, el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comenzaron asimismo a adquirir elevadas proporciones de deuda pública española. Quizá esta fuese la única forma de colocar las emisiones de deuda pública entre los inversores aunque, en este caso, la inversión quedase en casa.
La distribución de la deuda pública entre los tenedores residentes es la siguiente:
Ambos tenedores, AAPP y entidades de crédito, constituyen casi el 40% de la deuda pública en circulación. El impago de la misma supondría un agujero de casi 30.000 millones en las entidades de crédito y de casi 9.000 millones de euros en las Administraciones Públicas, añadiendo 90 puntos básicos más de déficit a las tan maltrechas arcas públicas. En este caso estaríamos hablando de la quiebra del sistema financiero español en pleno, de la más que posible quiebra del Sistema de Seguridad Social y, en general, de todo el Estado español, ante la imposibilidad de refinanciar casi 39.000 millones de euros (30.000 millones de déficit estructural + casi 9.000 de agujero en las cuentas públicas que quedarían después del impago). Todo ello sin hablar del prejuicio que tendrían que asumir muchas empresas y ciudadanos que también tienen sus ahorros invertidos en deuda pública.
De todos modos, quizá una auditoría ciudadana de la deuda propugne el impago de una parte de la deuda en función del tipo de acreedor, realizando una quita total a la misma sobre la deuda en manos de fondos de inversión, planes de pensiones, entidades de seguro y del sector no residente. En este caso, la quita se realizaría sobre el 55% de la deuda pública en circulación. Es decir, la deuda pública se situaría en un nivel razonable de aproximadamente el 45% del PIB, siendo los intereses a pagar cercanos a 17.000 millones de euros. El déficit quedaría en 47.000 millones de euros, aproximadamente un 4,7% del PIB. Sin embargo, tendríamos que confiar todas nuestras emisiones de deuda futuras a estos agentes, fundamentalmente las entidades de crédito y las Administraciones Públicas. El problema es que la capacidad de estos agentes llega hasta donde llega y, después de ver una tímida recuperación de la inversión institucional en España, quizá no sea muy buena idea.
En definitiva, el impago de la deuda pública española supondría, a diferencia de lo que muchos piensan, la más que segura quiebra del sistema financiero y del conjunto de instituciones que conforman el Estado, en especial el de la Seguridad Social, al margen de crear un ambiente de inseguridad jurídica que haría muy difícil que retornasen inversiones a nuestro país. Quizá la única forma de llevar a cabo una quita tan drástica sea, como ya hemos apuntado, abandonar la moneda, recuperando de esta manera la soberanía monetaria e imprimir como locos. Sin embargo, esta medida tendría una contrapartida muy contraproducente que puede acabar en hiperinflación.
Nota: los cálculos se han realizado tomando como base los datos del Tesoro (datos aproximados)
