Cuando el 16 de Abril el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% del capital de YPF que estaba en manos de Repsol, los CDS de Argentina, que miden el riesgo de impago de un país, repuntaron hasta casi los 1000 puntos y tocó techo anual. El movimiento populista de la presidenta de Argentina fue totalmente contraproducente, y ya simplemente los rumores de nacionalización hicieron subir los CDS casi 300 puntos, desde los 700 hasta los 958 puntos básicos.
Evidentemente, la nacionalización de la empresa argentina dedicada a la exploración de yacimientos petrolíferos hizo que en el país se estableciera una sensación de inseguridad jurídica muy perjudicial. De hecho, la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, la cual necesitaba cuantiosas inversiones extranjeras por lo caro de su extracción, no ha podido todavía comenzar su actividad por la falta de esos inversores.
Pero Argentina no solo es inseguridad jurídica para las empresas, si no también para sus ciudadanos. El intervencionismo público tan salvaje que está realizando este país está llevándoles prácticamente a la ruina. El objetivo del llamado cepo cambiario fue el de establecer mayores controles por parte de la Hacienda Pública para contener la fuga de divisas. Resultado: prohibida la compra de divisas por parte de los argentinos destinadas al ahorro y aumento del llamado mercado negro, donde los dólares se vendían muy por encima del tipo de cambio oficial. Al final, los argentinos no podían comprar bienes de importación. Para la presidenta argentina el cepo cambiario no existe, pero los CDS se sitúan ya en 1.489 puntos.
Por si fuera poco, la Corte Federal de Nueva York ha dictaminado la obligación por parte de Argentina de pagar 1.330 millones de dólares que adeuda a los hedge funds que se negaron a reestructurar sus bonos argentinos en cartera cuando el país quebró en 2001, indicando además que este pago ha de hacerse previamente al pago de los bonos que sí aceptaron la reestructuración, lo que podría acelerar el default.
Y mientras tanto, Brufau, el presidente de Repsol, está aún esperando por la indemnización por parte del Gobierno argentino... ¿llegará a cobrarlo?