A pesar de los mensajes optimistas del Gobierno en materia económica y, sobre todo, financiera (la prima de riesgo muestra su nivel más bajo en cuatro años) la crisis todavía sigue siendo un hecho y los desequilibrios se acentúan cada día más. El elevado volumen de deuda privada se ha transformado en deuda pública y los estabilizadores automáticos, entre otras muchas cosas, están imposibilitando el proceso de consolidación fiscal acordado con Europa. No en vano, España acumula ya un déficit público de medio billón de euros en los últimos cinco años.
Sin embargo, todavía existen compromisos de pago no contabilizados como deuda pública, entre otras cosas porque dependen de que se produzcan ciertos eventos futuros. En la jerga económica, se denominan pasivos contingentes, también llamados avales públicos que, hasta el 31 de Marzo, ascendían a 146.523 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 14 por ciento del PIB.
La cifra ha sido enviada a Bruselas como parte del Programa de Estabilidad y muestra la enorme importancia de estas garantías a la hora de afrontar la crisis, en especial para las entidades financieras, que han podido otorgar emisiones de deuda dentro del marco de la estrategia de la Unión Europea, y para cubrir el llamado déficit tarifario. Lo cierto es que los avales han crecido en un 49% con respecto a los existentes a 31 de Diciembre de 2011. Es decir, no solo ha crecido el pasivo del estado (la deuda pública) sino también los pasivos contingentes que, aun no estando contabilizados, pueden convertirse en un problema real a medio plazo.
Como cualquier otro aval concedido por una persona a otra, el Estado es el responsable civil subsidiario en caso de que el avalado incumpla sus compromisos de pago. Es decir, a pesar de que la citada cuantía no compute como deuda pública, puede hacerlo en un futuro si se diese la circunstancia de insolvencia por parte del deudor avalado. En un escenario extremo, si todos los compromisos avalados se incumpliesen, el Estado tendría que emitir deuda por valor de casi 150.000 millones de euros y, teniendo en cuenta la debilidad de los estados financieros de muchas entidades que han contado con la garantía estatal, como la SAREB (48.391 millones de euros), Bankia (15.000 millones de euros), Banca Cívica (unos 6.000 millones de euros), NovaCaixa Galicia (3.400 millones de euros) o Catalunya Caixa(4.000 millones de euros), podríamos encontrarnos ante un monumental y nuevo agujero dentro de las cuentas públicas. Y, eso sí, todo a cargo del contribuyente.
