La estafa de las
participaciones preferentes se ha convertido en un auténtico drama social. Miles de familias han perdido la mayor parte de sus ahorros tras firmar contratos de productos financieros de los que ignoraban su funcionamiento. Algunos casos resultaban sencillamente sangrantes, como los paquetes de participaciones vendidas
a personas con Alzheimer, que no sabían leer (y menos la letra pequeña de un contrato) o
incluso ciegas.
Desde diversos colectivos de izquierdas se ha culpado de este grave problema al neoliberalismo salvaje y a la excesiva desregulación del sistema financiero, insistiendo además en la imperiosa necesidad de una banca pública que cumpla una verdadera labor social; sin embargo, aunque parezca difícil de entender (cosa que voy a intentar hacer en este artículo), no ha sido la desregulación ni la banca privada la que ha llevado a muchas familias a perder sus ahorros, sino la excesiva regulación y las especiales características de las Cajas de Ahorros, que cuentan con capital semipúblico. Pero, ¿por qué tenían tanto interés las Cajas de Ahorros en colocar estos productos de ahorro entre sus clientes y no otros?
¿En qué consisten las participaciones preferentes?
Quizá sea conveniente explicar en detalle en qué consiste este producto de inversión. Las participaciones preferentes son un producto de ahorro bastante complejo que aúnan las características de la renta fija y de las acciones. Aunque forman parte del capital social de la entidad que lo emite, en este caso la Caja de Ahorros correspondiente, no confieren a su titular participación en el capital ni derecho de voto. Su principal característica, que es precisamente la que ha levantado más polémica entre sus tenedores, es que tiene carácter perpetuo. Esto quiere decir que, a no ser que se venda esta participación en el mercado secundario, a un precio sensiblemente inferior al de compra, no se podrá recuperar el capital inicial.
Además, en caso de eventual quiebra de la entidad bancaria, es uno de los productos que antes se liquida por orden de prelación, por lo que si esto sucede, los preferentistas pueden ir despidiéndose de su dinero. Para contrarrestar este riesgo, las preferentes suelen proporcionar una rentabilidad mayor que los depósitos a plazo fijo, por ejemplo.
El funcionamiento de las preferentes parecía sencillo, o al menos eso parecía a simple vista. El cliente recibía una rentabilidad fija todos los meses, y si querías recuperar tu dinero solo tenía que vender el producto en un mercado secundario en el que había suficientes inversores ávidos por conseguir una mayor rentabilidad con la compra de este tipo de productos. El negocio era redondo.
Sin embargo, con el comienzo de la crisis las cosas se empezaron a torcer. Las entidades financieras pasaron a referenciar el interés del producto a los beneficios que la entidad tuviese ese año. Si no había beneficios, tampoco había cupón. Ante esta situación, las participaciones preferentes dejaron de ser atractivas para los inversores, los cuales dejaron de emitir órdenes de compra en el mercado secundario, que acabó convirtiendo al mercado en completamente ilíquido. No había inversores interesados en comprar, por lo que los preferentistas tampoco se podían deshacer de su inversión.
Esta forma de proceder a priori debería haber pasado desapercibida. Parece sensato pensar que, después de invertir un cierto capital en un producto de riesgo, podemos perder nuestra inversión inicial. Sin embargo, las supuestas malas prácticas de muchas entidades financieras con sus clientes han hecho que este problema pase a primera plana en los medios de comunicación y se sitúe como uno de las principales preocupaciones de los españoles. Pero, ¿por qué estaban los bancos tan interesados en colocar participaciones preferentes entre sus clientes?
¿Por qué se han vendido participaciones preferentes a discreción?
A diferencia de lo que podría parecer, la venta discrecional de participaciones preferentes no tiene nada que ver con la desregulación ni con el neoliberalismo
salvaje, si no más bien con la excesiva regulación bancaria. Para dar respuesta a esta pregunta, es imprescindible conocer los acuerdos en materia regulatoria de
Basilea III, que consisten en ciertas recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y que son emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea. Su principal propósito es la creación de un estándar internacional que sirva para facilitar la labor de los reguladores internacionales, asegurando de esta manera la protección de las entidades financieras frente a los riesgos financieros y operativos.
Una de estas recomendaciones es la que se refiere al mantenimiento de un coeficiente de capital mínimo para garantizar la solvencia de la entidad. En total, el banco tendría que alcanzar la
cifra del 7% del core capital de sus activos ponderados por riesgo en el año 2019. Cada año hasta entonces, el banco tendría que ir progresivamente aumentando su capital. Este Core Capital se traduce en el llamado Tier 1, que se compone principalmente de acciones y participaciones preferentes. Se puede decir que el Tier 1 es el capital de mayor calidad y el que mide la solvencia de una entidad. A mayor Tier 1, mayor salud tendrá una entidad financiera y mejor vista estará ante los ojos del regulador.
El problema es que la mayoría de Cajas de Ahorros necesitaron aumentar capital para cumplir con Basilea. Bien, muchos pensaréis, ¿por qué no hacer una ampliación de capital y ya está?. Pues no es tan sencillo. Las Cajas de Ahorro eran entidades sin ánimo de lucro con capital semipúblico que no podía financiarse en los mercados de capitales, si no que tenía que hacerlo con cargo a los beneficios que hubiese obtenido en el ejercicio (capitalizando reservas). Cuando las cosas iban bien, la situación patrimonial de la entidad mejoraba, pero se enfrentaban en todo momento a ciertos riesgos de solvencia por la débil estructura de capital. Y estos riesgos se materializaron en problemas cuando la crisis estalló. La mayoría de Cajas de Ahorro necesitaron, entonces, aumentar su capital social (el Tier 1 al que hacíamos referencia).
Por lo general, cualquier entidad financiera podía aumentar su cifra de capital social de dos maneras diferentes: o bien mediante una ampliación de capital en los mercados de capitales o bien mediante la emisión de nuevas participaciones preferentes. Evidentemente, la opción más genuina es la primera, tal y como hicieron
algunos bancos privados como el Banco Popular. El problema es que las Cajas no podían financiarse en los mercados de capitales por lo que tuvieron que optar por emitir participaciones preferentes para cumplir con los compromisos de Basilea.
Y aquí fue donde comenzó a fraguarse una de las mayores estafas de la historia financiera en España. La necesidad imperiosa de lograr capital por la vía de las participaciones preferentes hizo que las Cajas comenzaron a comercializar participaciones preferentes entre sus clientes, incluso entre aquellos que no sabían leer, que tenían Alzheimer o que, directamente,
eran invidentes. Participaciones que ahora mismo no tienen un mercado líquido donde poder venderse y que han dilapidado el patrimonio de muchas personas. Vamos, participaciones que no valen nada.
