Mis reflexiones sobre el nuevo techo de gasto

El martes fue un día raro. Nadie se esperaba el nuevo paquete de medidas del Ejecutivo español para reducir el déficit. Pero una de ellas, ha sido de gran calado, la de fijar un techo de gasto a las Administraciones Públicas. ¿Qué quiere decir esto? Las Administraciones Públicas disponen de un dinero para gastar durante el transcurso de un período que se corresponde con los Presupuestos Generales del Estado. De este dinero se ha impuesto un nuevo máximo legal de gasto más estricto por cada órgano gubernamental que el del año pasado. Con ello se pretende reducir el déficit de las Administraciones y cumplir con el llamado equilibrio presupuestario.

Cada uno de los órganos gubernamentales tienen que cumplir un objetivo de déficit durante un año. La norma general es que este objetivo de déficit, generalmente impuesto por la UE para la estabilidad de la zona Euro, en el conjunto de las Administraciones Públicas se cumpla. El problema no es tanto el déficit conjunto, si no más bien el de las Administraciones autonómicas y locales. En el año 2010, 9 de las 17 comunidades autónomas (es decir, más de la mitad de ellas) han incumplido este objetivo de déficit; en palabras llanas, han estado despilfarrando el dinero. Por tanto, este techo de gasto garantizaría que el déficit del Estado se situara próximo a cero.

Desde luego esto significaría recortes de gasto para el Estado, pero en ningún caso cargarse el Estado de Bienestar. ¿Qué significa el Estado de Bienestar, tener un aeropuerto en cada ciudad pequeña, que llegue el AVE a la puerta de todas las casas españolas, contar con 17 sanidades públicas diferentes? Desde luego, lo que necesita este país es una gestión eficiente del dinero público. Y en ningún caso se perdería la soberanía (o al menos los recortes no deberían venir por la vía social), como se está intentando vender en algunos medios.

La reforma se llevará a la Constitución

Pero esto no es lo que más ampollas ha levantado, si no que además se va a limitar constitucionalmente, o lo que es lo mismo, se va a reformar la Constitución para incluir que ese techo de gasto esté regulado por la Carta Magna española, la norma suprema en el ordenamiento jurídico interno español, y a la que ninguna ley puede contradecir. El problema de intentar incluirlo en la Constitución es que ésta requiere un especial procedimiento de reforma, para lo que incluso en decisiones de este tipo habría que disolver las Cortes. 

En Estados Unidos ya se ha tenido que recurrir a modificar las leyes para aumentar ese techo de gasto en un pacto final entre demócratas y republicanos, representados en su mayoría por el Tea Party en el Congreso, para no entrar en una eventual suspensión de pagos. Esto significa que el Estado puede seguir endeudándose hasta un nuevo techo, es decir, aumentar aún más la deuda estatal, y por ende el déficit, si no se ve compensado por los recortes de gasto necesarios para equilibrar los presupuestos. 

Es decir, el parche que tienen los gobiernos para este tipo de medidas es modificar las leyes, pero en nuestro caso sería complicado reformar nuevamente la Constitución, y definitivamente hubiesen existido multitud de fórmulas legales para poder llevar a cabo el techo de déficit sin recurrir a la Carta Magna, como por ejemplo en la propia Ley de Presupuestos Generales. Por otro lado, aunque se hubiese aprobado igualmente, tampoco hubiese estado de más un referéndum para preguntar al pueblo sobre la reforma a acometer la Constitución, y de paso poder reformar otros aspectos que ya se han quedado obsoletos dentro de la Carta Magna.

Por tanto, en mi opinión, este tipo de medidas ayudarían a que el dinero público se gastara de forma más eficiente, no simplemente despilfarrándolo, pero debería haberse incluido en otro tipo de leyes, no directamente en la Constitución, que pudieran ser fácilmente modificables cuando la situación lo requiriese, ya que la vía de escape puede ser bastante peligrosa.